¿Justo y Moderno? O el impuesto como juguetito... (Punto de partida para uno y mil debates).

 

¿Justo y Moderno? O el impuesto como juguetito... (Punto de partida para uno y mil debates).

La premisa de que parte nuestra sección sobre la configuración del ordenamiento tributario español (aunque extrapolable a una reflexión global) es que nuestro actual marco normativo no regula un sistema fiscal ni justo ni moderno. ¡Muy lejos de eso! Y, obviamente, no lo afirmo como "ciudadano cabreado" (que también), sino desde la perspectiva de un análisis técnico fundado en una reflexión con pretensiones científicas (cuanto menos amparada por largos años de estudio e investigación universitaria -incluso diría que seria-, primero, y de observación y análisis de la realidad práctica, después).

Y propongo que debatamos de forma abierta, estable, acumulativa y públicamente accesible sobre ello. Y lo propongo porque el nivel de debate que existe en la sociedad española actual (y en el mundo) sobre los impuestos es torpe a más no poder, y mediatizada y sesgada hasta la estupidez: ¡manda la moda, mandan los intereses político-partidistas y la agenda de los grupos de presión, manda la ruina fiscal post-burbuja...! Pero, ¿para cuándo una reflexión focalizada en el ciudadano-contribuyente y en un concepto de justicia tributaria que no esté prostituido antes de empezar? ¿Podrá llegar algún día?

¿Podremos ponernos de acuerdo en fijar como premisa que el parámetro de la justicia tributaria está fijado en la Constitución Española por referencia al principio de capacidad económica? Es posible, probable, que ni siquiera en esto.

A mi juicio, la cuestión es extraordinariamente sencilla; en la tradición jurídico-tributaria occidental se han consolidado tres manifestaciones de riqueza que sirven de sustrato a la imposición: la obtención de renta, la detentación de patrimonio, o el gasto para la satisfacción de necesidades personales o consumo. Es cierto que podría plantearse otro modelo (ya se ha hecho), pero del mismo modo lo es que los impuestos únicos (sobre renta, sobre patrimonio o sobre gasto ni han funcionado ni se espera que funcionen).

En mi concepción personal, si damos esto por bueno, la primera tarea lógica para la definición de un ordenamiento tributario (y su aplicación) sería acertar con la medición real de la renta, el patrimonio y el gasto.

Siempre he defendido, sometiéndome a todo tipo de vituperios cruzados, que la esencia de la justicia en el ordenamiento, lo que debiera ser indisponible al legislador tributario y rígidamente controlado por el máximo garante de la constitución (ya en minúsculas a estas alturas), es la máxima aproximación a una medición real de la riqueza de las personas para, a partir de ello poder fijar criterios reales de igualdad y, en su caso, progresividad. ¡Si la riqueza de las personas se mide mal...! ¿Adónde vamos, qué podemos esperar?

Lo más polémico es que cuando a continuación afirmo que la discrecionalidad del legislador es muy amplia en la fijación del quantum de la contribución, de cuánta de esa riqueza saldrá del patrimonio individual para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, ¡me crujen por todos lados! Los unos porque, claro, parece que defiendo una tributación comunista, que fije tipos de ¿75 por 100?; los otros porque, claro, si admito una tributación muy baja, ¡estoy defendiendo una inconstitucional eliminación de los derechos a la sanidad o a la educación!

Y como se pueden imaginar Vdes., a partir de aquí comienza un "carajal" en el que unos, otros, y los del perrito piloto, embarran cualquier posibilidad de debate, escondiéndolo detrás de prejuicios dogmáticos; y, lo peor, a mi juicio: ¡eliminan la base imprescindible del debate, la esencia!

Porque la esencia del debate, entiendo, radica en que los tipos impositivos, en renta, en patrimonio, en IVA, ¿se establecen sobre una medición admisible de la riqueza de los ciudadanos o no? ¿Cuántos impuestos pagan los ciudadanos españoles que no se basan en el principio de capacidad económica? ¿Cuántos ciudadanos están obligados por ley a pagar impuestos flagrantemente injustos y discriminatorios, frente a otros ciudadanos, porque recaen sobre mediciones de riqueza que no son reales, o que ni siquiera son tales?

Pero, claro, sale en el periódico el "último trapito rojo" o el "último lamento del grupo de presión más poderoso...", y todas las barbaridades tributarias consolidadas en el ordenamiento se olvidan, ya han "encallecido" y la justicia, otra vez, ha quedado "encallada". Y si dices algo, recordando esos sinsentidos: ¡qué cosas más raras tienes!

Pero si propongo que es "tan sencillo" centrar el debate tributario en la correcta medición de la capacidad económica (principio de referencia de la justicia tributaria), ¿qué es lo que pasa?

Pues pasan, esencialmente, dos cosas.

Lo primero, es que casi nadie asume como "sencilla" la aproximación conceptual al principio de capacidad económica. Y aquí empieza todo un complejísimo proceso de relativización del principio de capacidad económica que termina por convertirlo en inútil; obviamente, la posición del Tribunal Constitucional español (solo o en compañía de otros) ha dado la puntilla a cualquier posibilidad de que el principio de capacidad económica sea una garantía real para los ciudadanos frente a las injerencias arbitrarias del legislador tributario.

Porque, hay que luchar contra el fraude fiscal, en primer lugar; y todos hemos asumido (yo también, incluso) que es necesario que existan normas-barrera que cercenen canales claros de evasión o elusión, aun a riesgo de que su aplicación pueda suponer una excepción a la garantía del principio de capacidad económica para quien pueda verse "atrapado" por esas cláusulas sin sustrato de intención elusoria de ningún tipo (para mí un ej., de esto sería la cláusula "valor real" en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, a cuyo estudio y crítica he dedicado muchas páginas).

También porque aplicar el ordenamiento tributario es complejo, en segundo lugar; y la practicabilidad del sistema exige o justifica que se hagan tablas rasas por aquí y por allí (por ej., un trabajador que debe desplazarse a otra ciudad no puede deducirse los gastos de desplazamiento y, por lo tanto, no tributa por su renta real, se ponga como se ponga quien quiera).

Más allá de estos motivos intra-tributarios de "relativización" del principio de capacidad económica como garantía esencial del ciudadano a una contribución justa, están los extra-tributarios.

La relativización de la justicia tributaria por motivos extra-tributarios es un cáncer metastatizado e irreversible. ¡Y lo vicia todo! Recuerdo con cierta ternura el antiguo Arbitrio Municipal sobre Solares sin Edificar: se forzaba con el impuesto que el ciudadano adoptase un determinado comportamiento. ¡Lo que siempre he dado en denominar "ingeniería social con impuestos" y que ha llegado, por la virulencia con que lo expreso y censuro, a que por primera vez en mi vida me hayan censurado una publicación!

Claro, si dos personas con la misma riqueza, una se porta bien (por ej., creando empleo, invirtiendo en cultura, o en investigación y desarrollo, u ocurrencias varias...), otra pasa de todo (sin más, trabaja, ahorra y consume), y una tercera es mala malísima (por ej., ha comprado un piso y lo tiene desocupado, o fuma y contamina, o juega al bingo...), pues los impuestos que pagan son radicalmente distintos.

De esto va el rollo de los "fines no fiscales en los tributos", una milonga de auto-justificación de los poderes públicos para soslayar cualquier límite constitucional en materia de impuestos, más allá de la arbitrariedad palmaria (que también ha existido y ha sido declarada inconstitucional, ésta sí).

Si es constitucionalmente legítima la última ocurrencia del Ayuntamiento de turno de duplicar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (ya de por sí cuestionable como impuesto justo) a quienes no tengan la vivienda ocupada..., ¿dónde está el límite a las ocurrencias? ¿Dónde ha quedado la garantía esencial que debiera ser el principio de capacidad económica? ¿Qué ha sido de aquello del derecho a una contribución justa en función de la capacidad económica?

Pues está claro: ¡todo papel mojado! Tan mojado, ¡tanto!, que la sociedad española se indigna por el "IVA cultural" (¿han visto a alguien argumentar que es solo la reversión de un privilegio injustificado para una industria, del que carecen todas las demás, o muchas otras?); y como estamos indignados todos, somos capaces incluso de indignarnos por la tributación de las plusvalías especulativas a marginal (¿a nadie se le ocurre que lo que ha sido una estupidez -sólo explicable por la conexión de algún banquero con el poder- ha sido establecer que el que trabaja como un salvaje tribute al cincuenta y el que pegue pelotazos o gratis o al 18-21-23 según la fecha y cantidad...?).

 

Pero con ser grave, desalentador solo si quieren, lo hasta ahora expuesto, lo que ya resulta irreversible es la aproximación metodológica a los impuestos con base de efectos económicos y no con criterios de justicia tributaria.

Todos habremos oído alguna vez que incrementar la tributación sobre las rentas del capital es "malo, malísimo", porque "desincentiva el ahorro". Del mismo modo, la sobre-imposición sobre el trabajo y la actividad profesional "ahoga los valores de esfuerzo y penaliza a los emprendedores"; y, por fin, si se sube el IVA, "preparémonos para otra grave crisis de consumo" porque, lógicamente, si suben los precios bajará el consumo.

No sé si se nota en el tono "tan claramente como quisiera": ¡vaya montón de obviedades pueriles! ¿No?

Cuando un "gobierno socialista" consolidó la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio (¡toma medidas progresistas y de izquierdas ejemplares!), quizás con razón (yo creo que no, quede dicho), alguien resumía conmigo la bondad de la noticia con un lacónico: ¡por lo menos algún impuesto nos quitan!

Cuando en una charla, hace muchísimos años, defendía en público la injusticia estructural y el anacronismo que supone el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (un clásico en mis posicionamientos), en la misma mesa participada un súper-economista que inmediatamente contradijo intensamente mi "locura": ¡si se elimina el ITP que afecta más a los inmuebles en los centros de las ciudades (construidos antes de la implantación del IVA) se incrementaría la demanda de este tipo de bienes y se incrementarían los precios, de tal forma que la eliminación del impuesto sería contraproducente! Admitan Vdes., que yo no daba crédito a lo que escuchaba; en aquel lejanísimo año incluso pude quedarme algo acomplejado y dubitativo, "¿me estaré equivocando?". ¡No señor, no soy yo quien se equivoca!

Hace poco un estudio sobre la reforma de la tributación familiar en Alemania llegaba a unas conclusiones memorables: ¡una posible reforma para "hacer más justo" el régimen beneficiaría solo a unas pocas familias y a familias con muchos miembros y rentas altas! Por lo cual, ¡para qué! Como los efectos económicos son limitados, ¡fastídiense los perjudicados por el sistema!

Y así, sucesivamente...

Y cuando yo me atrevo a proponer este portal para debatir sobre impuestos justos, comprendan que realmente sea vocacional, o un desahogo si me lo permite, gritar, ¿pero nadie se preocupa de si el impuesto es justo o no?, ¿pero a nadie le interesa eso del derecho a una contribución justa según la capacidad económica, correlato imprescindible del deber de contribuir en función de la "idem"?

Quede claro: ¡aquí sí nos preocupamos por eso! Y me consta que no somos los únicos.

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