¿Súbditos ante el Catastro? (Sobre valores catastrales y ciudadanos monigotes)

 

¿Súbditos ante el Catastro? (Sobre valores catastrales y ciudadanos monigotes)

La sensación de que los ciudadanos somos monigotes, de paja o de trapo, con los cuales los poderes públicos (teóricos servidores) juegan a su antojo, se ha ido instalando en una parte de la sociedad española. La sensación no está justificada en muchos casos; se basa más en la ignorancia y en la defensa de privilegios o inercias, en la resistencia al cambio o a dejar de vivir en "la burbuja"..., que en un análisis justificado.

La "burbuja" en que hemos vivido todos estos años nos ha explotado en la cara, y amenaza con llevarse por delante nuestro "way of life". Cada vez más gente me habla de buscar horizontes fuera de España; y cada vez son más los casos de gente que conozco y que "ya se ha ido".

En la "realidad virtual oficial" siguen atrincherados un montón de episodios lamentables, inmunes, estos sí, al estallido de cualquier burbuja.

Estos días ha saltado a la prensa el debate sobre si la Iglesia Católica debe pagar o no el IBI. ¡Cada vez que escucho a un responsable político quejarse porque se paga poco, o porque alguien no paga un "impuesto injusto y anacrónico", me pongo malo, un sudor frío, unos temblores...! Y al hilo de esto comienzo una serie de reflexiones sobre "valores catastrales" y ciudadanos-monigotes: ¡listos para el pim, pam, pum!

El IBI es un residuo histórico; lo es en España y en cualquier otro sitio del mundo. La reforma de Mon-Santillán en 1845, origen de la modernización del sistema fiscal español, consolidó la Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería. La Contribución Territorial Urbana era un pilar del sistema tributario tras la reforma de 1963-1964; y pervivió más allá de 1978, cuando por fin puede comenzar a hablarse de algo parecido a un ordenamiento tributario moderno, como "tributo degradado al ámbito local", porque lógicamente, ya no tenía sentido en un ordenamiento en que las rentas del capital inmobiliario tributaban por sus importes "reales" en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; y más, cuando se instauraba un Impuesto sobre el Patrimonio, claramente superpuesto sobre aquella Contribución Territorial Urbana.

Un ejercicio de prestidigitación tributaria ("las exposiciones de motivos lo soportan todo") permitió "mutar" la explicación del impuesto: ahora es el principio del beneficio, y la vinculación de los propietarios de inmuebles con el gasto de los Ayuntamientos al que, lógicamente, deben contribuir de forma "particular y doble".

En 2012, la pervivencia del IBI (como antes del IAE o del impuesto sobre plusvalías municipales -auténtico sarcasmo en la época "post-burbuja"-) sólo se explica por un viejo aforismo: ¡si los ciudadanos están acostumbrados a un impuesto, por injusto o absurdo que resulte, no lo toques! Porque esos ciudadanos van a seguir tragando sin problemas. ¡Ah..., pero pobre de ti si se te ocurre introducir una figura tributaria moderna y justa! Tendrás manifestaciones y huelgas...

Nadie puede defender el IBI como integrante de un ordenamiento tributario justo. Es un impuesto "bruto", que no mide la riqueza neta de los ciudadanos; con lo cual puedes ser pobre, porque el valor del inmueble -activo- es inferior a la deuda relacionada -pasivo-..., pero sigues teniendo "capacidad económica" a efectos de pagar impuestos..., ¡ja! También es un impuesto discriminatorio, porque recae sobre un determinado tipo de riqueza, la inmobiliaria (de forma coherente con el marco de relaciones económicas del Siglo XIX), pero dejando fuera todos los demás elementos patrimoniales, claro. Es un impuesto duplicado, en todo caso, porque se replica con el Impuesto sobre el Patrimonio y, en varios casos, con el IRPF (régimen de imputación de rentas inmobiliarias). Una joya, ¡oiga!

Sin embargo, está tan consolidado en nuestra cultura, que incluso los ciudadanos "se enfadan" cuando hay alguna incidencia en el pago...; porque "pagar la Contribución" (así se sigue llamando) es un refuerzo del sentimiento de propiedad territorial, como una especie de "garantía inconsciente e irracional contra el despojo": el despojo como vacuna contra el miedo al despojo..., ¡ufff!

Por otra parte, la fijación de los poderes públicos con la tributación de los inmuebles es normal y entendible. Si yo fuese "Administración Tributaria" también lo tendría claro: los inmuebles tienen la peculiar característica de que ni pueden emigrar y generar rentas en otros países más modernos -que valoren el talento y el esfuerzo-, ni pueden ser deslocalizados a cuentas opacas en Suiza o a paraísos fiscales caribeños.

Y tras esta evidencia, un reconocimiento: el Catastro funciona como una máquina de precisión arrolladora que genera dinero de forma fiable. Como instrumento recaudatorio, una joya. ¿Al precio de que las garantías de los ciudadanos queden reducidas a la mínima expresión? Bueno, pero, ¿no habíamos quedado en que los Ayuntamientos tienen un déficit crónico de financiación, y que el "vulgo" no podría renunciar a las orquideas de la Plaza Mayor ni a la actuacíón de Julio Iglesias en las fiestas?

La fijación de los "valores catastrales" es, en la normativa tributaria española, una de las cosas más opacas y blindadas. Tampoco ha pasado nada "hasta ahora". Cuando los valores catastrales estaban radicalmente alejados de los precios de mercado "estimados" por los propios ciudadanos, la sangre no llegaba al río. El coeficiente RM se encargaba de mantener una prudente distancia que "disuadiera" al contribuyente de "meterse en líos"; alguna que otra escaramuza "de corte político" contra el "catastrazo de turno", pero nada serio.

Pero llegó la burbuja, y con ella llegó el pinchazo. Y claro, ¡los valores básicos de repercusión del suelo fijados en los años 2007 o 2008...! ¿Cuánto vale el suelo hoy? ¿Qué importa si el Plan General califica el suelo como urbanizable, cuando en el pueblo hay más jubilados que gente que se vaya a comprar un piso en los próximos 20 años? O ¿cuánto vale el suelo en una localidad cuyos planes contemplan la construcción de 20.000 viviendas..., pero que no tiene más de 20.000 habitantes y, en el horizonte, estructuras de hormigón abandonadas?

 

Es ahora cuando se va a llevar al extremo el "juicio de razonabilidad" sobre las garantías diseñadas en el procedimiento de fijación de valores catastrales. Y, ¡sí, creo que nos vamos a sorprender! ¿Qué margen creen Vdes. que tiene el ciudadano para conseguir efectivamente que un valor catastral "irreal" se consolide en ese "mundo virtual oficial", y cargue contra su cuenta corriente cada año? Muy pocas, por no decir que ninguna.

En ello han colaborado todos. Quienes diseñaron la normativa, se hicieron un traje a medida: ¡es que si no los ciudadanos te recurren todo, y esto se hace inmanejable! Pero, muchísimo peor, los Tribunales de Justicia, que barren para casa todo lo que pueden cuando se trata de pasta (¡debe ser porque todos cobran del mismo presupuesto!). Entre los pronunciamientos del Tribunal Supremo en esta materia hay perlas dignas de una antología. Prometo recuperar algunas, para escarnio público de quienes las firmaron (¡con la venia, claro!).

Pero la panorámica general que quiero "describir", en esta primera entrega, se relaciona con esa idea de "súbdito", de "ciudadano-monigote de feria" preparado para el pim, pam, pum..., te mueves para aquí, te mueves para allí, y siempre hay alguien disparando a tu cartera, como si trabajar y ahorrar para proveer a las necesidades de los tuyos habilitara a "otros" a un bombardeo indiscriminado.

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