¿Seguirá habiendo Jurisprudencia Tributaria en España?

 

¿Seguirá habiendo Jurisprudencia Tributaria en España?

Para iniciar un blog sobre "Jurisprudencia Tributaria en España" me ha parecido prudente, en primer lugar, examinar sucintamente la viabilidad a medio plazo del propio blog; ¿va a seguir habiendo jurisprudencia tributaria en España tras la elevación de la cuantía para acceder al recurso de casación, nada menos que, a 600.000 euros? (art. 86.2 b LJCA, en redacción dada por la Ley 37/2011 de 10 octubre -la anterior "barrera" era de 150.000 euros desde 1998, antes de 6 millones de pesetas, desde 1992-).

En veinte años la cuantía para acceder al recurso de casación se ha elevado de seis millones de pesetas a 100; antes de 1992, la cuantía para el acceso al antiguo recurso de apelación era de 500.000 pesetas.

La limitación del acceso a la casación, con base en la cuantía, genera razonadas dudas sobre el alcance efectivo del derecho a la tutela judicial en España. Sobre el papel, y según la doctrina de "los propios tribunales", no existe sospecha de inconstitucionalidad porque sí hay acceso a un pronunciamiento jurisdiccional sobre el fondo del asunto. En la realidad, la eliminación "de facto" del acceso al Alto Tribunal genera fundadas sospechas sobre la "calidad" de las garantías de tutela judicial en nuestro ordenamiento.

Es bien cierto que los intentos por disuadir a los ciudadanos de acceder a los Tribunales se han multiplicado en los últimos años. Las tasas judiciales y los debates crecientes sobre "copago" en la Justicia abundan en ese camino. Obviamente, la mejor forma de evitar el exceso de carga de trabajo en Juzgados y Tribunales es impedir que los ciudadanos acudan a los mismos. Pero esa solución, tan obvia, tiene algún efecto colateral de dudoso gusto, en términos de calidad del derecho a la tutela judicial efectiva.

En el ámbito de "lo contencioso-administrativo", donde el ciudadano lucha por defender sus legítimos derechos de defensa contra las todopoderosas y omnipresentes Administraciones Públicas de que nos hemos dotado, la "estética" de la limitación del acceso a los Tribunales por parte de los ciudadanos es mucho más preocupante. El "poder" se blinda con numerosos privilegios de origen decimonónico -presunción de legalidad, ejecutividad-, en aras de la teórica defensa del interés público, y bajo el paraguas legitimador de servicio con objetividad a los intereses generales, y el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art. 103 CE/78). Pero es evidente que las desviaciones respecto de ese paraguas legitimador son inmensas, y limitar su corrección es peligroso para la "calidad democrática de nuestro Estado de Derecho".

Si damos un paso más y pensamos no ya en las Administraciones Públicas, en general, sino en las Administraciones Tributarias, la cuestión es un "pelín más exagerada". En las dos vertientes, en la de "cuánto de difícil es acceder al Tribunal Supremo"; y en la de "cuánto de escandaloso" es no poder discutir con la Administración que aplica los impuestos, y cuya condición de "parte recaudatoria e interesada" es escandalosamente obviado bajo el dogma del servicio a los intereses generales, claramente superado por la necesidad de recaudar "como sea" y "todo lo que se pueda". Sobre esto último, caben opiniones y apreciaciones múltiples, por supuesto. Incluso es posible que sea mayoritaria (o aplastante) la opinión de quienes creen que el poder de las Administraciones Tributarias tendría que ser "incluso más aplastante" (he ahí las últimas propuestas de reforma de la legislación anti-fraude en curso, lindantes en el totalitarismo fiscal).

Pero la limitación de acceso al Tribunal Supremo es materia tributaria es claramente escandalosa, a mi modesto parecer. Hace muchos, muchísimos años -desde que tengo uso de razón tributaria y leo sentencias del TS, casi todas, desde 1992- que el TS sostiene una doctrina sobre la fijación de la cuantía a efectos de acceso a los recursos (apelación primero y casación luego) que "trocea" las distintas pretensiones planteadas. Así, en una inspección por IRPF o IS o IVA, probablemente referida a todos los años no prescritos (cuatro ejercicios) y en la que se incluyan intereses y sanciones (antes, además, porque el procedimiento era único), podemos encontrarnos con importes discutidos superiores a los 4.000.000 de euros, por ej., que ¡no tienen acceso al más Alto Tribunal jurisdiccional en España! Pongan Vdes., 550.000 euros por ejercicio de cuotas, otra buena cantidad por los intereses de demora y, en su caso, las sanciones que puedan ir vinculadas.

La doctrina del TS al respecto es antiquísima. Recuerdo que ya en el año 1999 insistí en enfatizar esta cuestión, que solía pasar desapercibida incluso entre especialistas y tratadistas de primer nivel: la fijación de la cuantía a efectos del recurso de casación considera cada cuota, cada liquidación de interés o cada sanción, de forma independiente.

Pero sus aplicaciones en sentencias recientes se ha "extremado". Así, en la STS de 25 de abril de 2012 (Westlaw JUR 2012\146100) se inadmite un recurso de casación para la unificación de doctrina por una liquidación de intereses en materia de IVA, porque aunque la cuantía total es de 29.469,33 euros, ello "corresponde a la totalidad de las liquidaciones mensuales que por el concepto de IVA se efectuaron en el ejercicio 2003". Y "la división del mencionado importe total entre doce produce un importe inferior a 18.000 euros (que es la cuantía para este recurso de casación)".

La misma doctrina, e igual pronunciamiento de inadmisibilidad, se aplica en la STS de 20 marzo 2012 (Westlaw RJ 2012\4813) a un supuesto de liquidaciones por retenciones a cuenta sobre rendimientos del trabajo personal. Aun cuando la cuantía anual y el importe conjunto de las liquidaciones superaba la cuantía de acceso al recurso (otra vez casación para la unificación de doctrina), el TS se reafirma en que en esta materia, retenciones, "se descarta el criterio del cómputo anual a efectos de determinación de la cuantía en supuestos como el ahora examinado y se fija el del cómputo trimestral o, en su caso, mensual". Todo ello, claro, porque las autoliquidaciones son, bien trimestrales, bien mensuales.

Esto es, a pesar de que la pretensión jurídica sea única y afecte a todo el importe discutido, la división temporal de los procedimientos de gestión sirve de disculpa para aliviar de trabajo a la Sala. Como ciudadano-contribuyente: ¡no tiene pase!

Así las cosas, ¿se elimina de facto el Tribunal Supremo como garantía para los contribuyentes españoles? Quizás alguna grandísima empresa mantenga pleitos con la Administración Tributaria por esas impresionantes cuantías. Es improbable que una persona física tenga acceso real al Tribunal Supremo.

Si se hace una pequeña retrospectiva de como ha sido el Tribunal Supremo el único órgano que ha corregido los claros excesos "pelín-totalitarios" de las Administraciones Tributarias españolas, por ej., en materia de régimen sancionador (motivación de grado de culpabilidad, entre otros, o doctrina sobre la discrepancia razonable), ¡preparémonos para tiempos difíciles, donde los derechos de los contribuyentes se verán "todavía" más mermados y restringidos!

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