Crisis como oportunidad: ¿hacia dónde deberíamos llevar nuestro ordenamiento tributario?

 

Crisis como oportunidad: ¿hacia dónde deberíamos llevar nuestro ordenamiento tributario?

Introducción: un contexto de crisis presupuestaria y necesidades de recaudación ilimitadas.

El comportamiento de los poderes públicos en materia tributaria y en situaciones de graves crisis presupuestarias ha sido simétrico, pautado, en los tres últimos escenarios de crisis fiscal en España. Tanto en 1977-78, como en 1992-93 y ahora en 2012. En esos tres períodos se han mezclado zanahoria y palo: una amnistía fiscal, o regularización, o como se le quiera llamar; y unos paquetes de medidas represivas "duras", algunas de ellas declaradas inconstitucionales con el tiempo (por ej., los recargos por declaración espontánea-extemporánea de la Ley 18/1991, o la ficción de donación de la LTPP de 1989).

En estos contextos, ¡nadie puede razonablemente esperar ninguna actuación normativa informada por la razonabilidad, la sostenibilidad, la justicia..., por una visión estructural y de largo plazo! Al contrario, lo único que razonablemente cabe esperarse son "reacciones impulsivas" de corto plazo, con efectismo visual ante los "acreedores" y "financiadores" de la Hacienda Pública Española (ante la ciudadanía o los "mercados financieros" y los "socios europeos"). ¡Es lo que hay! Y esas reacciones pasarán de "transitorias" a "estructurales", por el paso del tiempo o "la fuerza de la gravedad". ¿Quien no recuerda aquel Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, que duró desde 1978 a 1992?

Debo reconocer que en un análisis para la toma de decisiones, bajo presión y en una situación extrema como la que vive España en 2012, entre la "justicia tributaria" y la "ruina social irreversible", yo también "admito pulpo como animal de compañía". ¡Por lo de ahora, conformémonos con sobrevivir y "la justicia tributaria" dejémosla para tiempos mejores!

He de reconocer que siendo graves, extremas, algunas de las medidas tributarias adoptadas en los últimos meses, ¡no es eso lo peor que ocurre en nuestro ordenamiento! El ordenamiento tributario español, en su definición pero más todavía en su aplicación, arrastra unos desequilibrios y defectos estructurales previos que deberían sonrojarnos y avergonzarnos como sociedad. Y el debate "político" y "de opinión pública" es tan lamentable que animan a ponerse en "stand by" hasta dentro de un par de décadas; ¡nos hemos sobrepuesto y ejercemos nuestro legítimo derecho a la pataleta argumentada!

 

¿Quién limita la voracidad de los poderes públicos contra los ciudadanos?

Nadie.Hace bien poco un ilustre maestro de maestros reivindicaba en estas páginas la recuperación de las "Comisiones Técnicas" para la redacción de normas tributarias: ¡si es la Administración Tributaria la que redacta las normas tributarias...! ¿qué pueden esperar los contribuyentes?

Todo el mundo en España debiera saber quién redacta y cómo se redactan las normas tributarias: que formalmente sea el Parlamento quien aprueba las Leyes es una exigencia constitucional básica (art. 31.3 CE), a mi juicio insuficiente si es "solo formal"; pero que el Parlamento haga algo más que "sancionar" lo que dicta la "Administración Tributaria" sería higiénicamente recomendable. Ciertamente, donde se juega "de verdad" la orientación ("garantías de los ciudadanos" o "herramientas para cercar a los súbditos") es en la fase de redacción de los Anteproyectos, ¿nadie lo duda, verdad?

Si alguien quiere ejemplos de cómo el BOE ha reaccionado inmediatamente frente a resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Supremo que no convenían a la Administración Tributaria, sólo tiene que darse un paseo por las bases de datos de jurisprudencia.

El Tribunal Constitucional español si constituye alguna garantía para los ciudadanos contribuyentes es solo de forma anecdótica y pintoresca. Algunos hemos trabajado exhaustivamente la doctrina del Tribunal Constitucional española, hasta que nos ha derrumbado por agotamiento: ¡que el TC ha consolidado auténticos atropellos a los contribuyentes es un dato que está al alcance de quien quiera consultarlo! En un "relativismo extremo" y una permisividad cuasi-ilimitada ("todo vale siempre que la capacidad económica no sea ficticia o inexistente"), el legislador tiene barra libre: el art. 31.1 CE no significa prácticamente nada, y solo en supuestos extremos de discriminaciones flagrantes o utilización abusiva de normas para-sancionadoras se ha llegado a pronunciamientos loables y ejemplares (que también los hay). Y, si acaso, los años que pasarán desde el "atropello legislativo" a la Sentencia del TC eliminan cualquier incentivo al auto-control.

Los órganos jurisdiccionales contencioso-tributarios ejercen un control limitado de los poderes públicos, limitado al control del ejercicio de la potestad reglamentaria y a la legalidad de la actuación administrativa. Salvo en contadas materias y en significadas ocasiones, los pronunciamientos jurisdiccionales en el ámbito contencioso-tributario están significativamente escorados a "barrer para casa": los contribuyentes lo tienen muy, muy difícil, por decirlo suavemente. Es muy curioso, y chocante, que en antiguas reuniones profesionales, en que compartíamos debates tributarios con personal al servicio de Administraciones Tributarias y con asesores de contribuyentes, entre tantas discrepancias y significativos encontronazos emergía un consenso pleno: la deficiente cualificación técnica de los órganos jurisdiccionales en materia tributaria. No son pocas las voces que demandan unos tribunales especializados en materia tributaria; y no es una demanda carente de fundamento, ni mucho menos.

La seguridad jurídica y los derechos y garantías de los contribuyentes.

Normativa compleja, dispersa... ¡imposible! Asesoramiento fiscal obligatorio.

Es posible imaginar un ordenamiento tributario más complejo y con más dispersión normativa y con más interinidad normativa, ¡supongo! A mí me cuesta enormemente; pero será que he perdido la imaginación con los años.

La "inseguridad jurídica sostenible" ha llegado para quedarse. Los poderes públicos han aprendido a hacer maquillaje de la realidad con el BOE; y en época de crisis extrema, venga Real Decreto Ley, que la extraordinaria y urgente necesidad, o necedad, se dan por supuestas.

La inseguridad jurídica que resulta del BOE, y los 17 diarios oficiales o más..., es una dimensión del problema.

Si es difícil "estar al día" y conocer todas esas normas, bueno, "para eso tenemos asesores fiscales" (que se ganan sus honorarios con sangre y sudor y lágrimas).

Interpretación jurídica a medida de los intereses corporativos de la Administración recaudadora.

Lo peor es la inseguridad en la aplicación de las normas o los vaivenes en los criterios interpretativos: la falta de previsibilidad de las consecuencias tributarias de cualquier comportamiento económico.

Si la Ley del IRPF que con una persona contratada y un local afecto, la actividad de arrendamiento de viviendas es empresarial, no puede ser que un Jefe de Inspección de una Comunidad Autónoma entienda que eso es "de aplicación imposible" porque, por concepto, para gestionar un puñado de arrendamientos no es necesaria una persona "full-time"; y a continuación, inspecciones abiertas en todos los Impuestos sobre Sucesiones con beneficios fiscales para herencias de empresas.

Si llevamos 16 años con un régimen de entidades de reducida dimensión con tipo reducido, no puede ser que 16 años después resulte que el TEAC publica (curiosamente justo antes del inicio de la campaña del IS) que las sociedades que no desarrollen una actividad económica no se pueden beneficiar de ese régimen.

Los límites de la planificación fiscal lícita.

No puede ser que si existe una "cláusula general anti-fraude" en la LGT, las Administraciones y los Tribunales se ventilen cualquier operación de planificación fiscal "dentro de la ley" con el expediente fácil del "mal olor" o del negocio indirecto o de la interpretación económica, que son, por esencia, la negación del Derecho y el triunfo de la arbitrariedad. No está bien que un fraude -que debe ser erradicado- se combata con otro fraude, institucional, que contamina a quien lo perpetra: ¡vale más que un defraudador se vaya de rositas, que no que los servidores de la ley jueguen a su mismo juego oscuro!

Las garantías de los contribuyentes son una quimera hoy: ¡maravillosas declaraciones de principios que ocultan una realidad de atropello demasiado frecuente! Un joven alumno en prácticas en una Comunidad Autónoma tenía como tarea revisar expedientes y examinar alegaciones; su "supervisor" la corrigió cuando encontraba "argumentos a favor del contribuyente" y le conminó a argumentar la desestimación de las alegaciones o del recurso, sin más.

Una de las piedras de toque sobre cómo bascula la balanza entre "la potentior personae" y el "sufrido contribuyente" está en el régimen sancionador tributario. En España, dísfrácese como se quiera, siguen imponiéndose sanciones por el resultado, cien por cien objetivas, por cualquier clase de "negligencia" (LGT dixit); vale que algunos Tribunales corrigen es "tic", pero no todos y no siempre.

El deber de contribuir y la capacidad económica: mitos trasnochados y aberraciones estructurales consolidadas, ¿alguna vez alguien se atreverá a meter mano a tanto sinsentido?

Todos contribuirán..., ¡más o menos!

El deber de contribuir en función de la capacidad económica queda muy bonito en su expresión constitucional.

Que la estructura del ordenamiento tributaria español está gravemente escorada no es algo que ponga en duda nadie. Un directivo de primera línea (más del 50 por 100 de marginal en CCAA varias) o un inversor empresarial (IS más doble imposición de dividendos) pagan aproximadamente el doble de impuestos que un rentista (rentas de capital bonificadísimas y patrimonio exonerado, "salvo transitoriamiente").

Premio al capital y a la juerga; penalización al trabajo y al esfuerzo.

La estructura de los impuestos en España marca unas líneas de "valores sociales" que invitan a emigrar: el IVA más bajo de Europa, los marginales de renta más altos desde las bases más bajas. Esto es, ¡gasta y disfruta, aunque no tengas para pagarlo! Pero no trabajes, que si te va bien, ya me quedo yo, "papi-Estado" la mitad.

Así no hay quien ahorre; pero si has ahorrado antes (o "blanqueado en alguna amnistía") capitales importantes..., ¡no te preocupes! El Estado necesita financiación, y no vamos a ponerte "muy caro" que nos prestes el dinero, porque eso genera un "círculo vicioso".

La "disculpa" del turismo (importante para el PIB y cuya competitividad "depende del tipo de IVA") no se sostiene. La imposición "más laxa al consumo" y la "más asfixiante al talento" nos sitúa en la traducción tributaria de aquello de "que invente ellos", y de paso, "que trabajen ellos".

Que los empresarios de estaciones de servicio de Portugal se quejen, ya de forma crónica, de que "todo el mundo" vaya a repostar a España es otro ejemplo de "desequilibrios absurdos".

Ingeniería social con impuestos.

Pero como hay que salir en los Telediarios diciendo cosas que compre "la opiníón pública", pues hagamos una encuesta y legislemos luego: ¡deducción por inversión en vivienda habitual, sobre-imposición para viviendas desocupadas, beneficios fiscales para jóvenes y mamás... -aunque sean de aplicación inverosímil-! Ah..., que la gente valora la investigación y la ciencia, pues venga, beneficios fiscales para la I+D+i, y, alrededor, todo un negocio de consultoría para "captar beneficios fiscales" que tienen una base burocrática asfixiante.

Majaderías encadenadas en las que nadie pone orden o cordura, ocurrencias encadenadas, como aquella "cláusula anti-marujas" que pretendía suprimir la tributación conjunta en el IRPF para "promover que las mujeres buscasen un desarrollo profesional verdadero" (cargándolas con una sobre-tributación si decidían quedarse en su casa cuidando a su familia ¡va de retro...!, ¿cómo se va a permitir el ejercicio de su libertad a personas tan sospechosas?).

Dinero negro, fraude fiscal, economía sumergida.

El dinero negro y la economía sumergida son una lacra social. Son un claro síntoma de la desintegración social y de la decadencia de valores de una sociedad enferma, una sociedad fallida. Sería bueno que alguien se diese cuenta de que eso es "un síntoma" antes que "una causa".

Existen mecanismos legales de generación de dinero negro oficial. Se ha "restringido" el régimen de módulos en el IRPF, pero ¡no hay valentía para suprimirlo de una vez! Y todo el mundo sabe, desde 1992, que el "autónomo" no es un defraudador; pero que los módulos son una herramienta potentísima para montar fraudes muy gordos (documentados y procesados...); pero ahí sigue el régimen.

No digo nada de las comprobaciones de valores en compraventas inmobiliarias (ITP) que "se conformaban" con valores objetivos (y el resto en negro, claro). Y los ciudadanos con nóminas, "ennegreciendo" dinero para pagar pisos: ¡ver para creer!

El dinero negro ha estado ahí siempre; mucho dinero negro, en nichos clarísimos. Identificado y reconocido en charlas de café por responsables de Administraciones Tributarias. Pero nadie se ha puesto nunca manos a la obra; la propuesta de una "policía fiscal" ha circulado en sectores comprometidos de la sociedad y la asesoría fiscal; pero se está más cómodo "de otra forma".

Los poderes públicos españoles llevan 30 años llenando exposiciones de motivos de normas muy sesudas, y dando ruedas de prensa continuadas mostrándose preocupadísimos por el tema y adoptando medidas para erradicarlo... ¡30 años son demasiados para que el tema vaya siempre a más y a peor! ¡Quizás alguien, o muchos alguien, hayan encadenado fracaso tras fracaso mientras presentaban a la opinión pública éxito tras éxito! ¿no?

El dinero negro y la economía sumergida destrozan el progreso empresarial: ¡el caco triunfa, y el que invierte, ordena, crece y progresa, se arruina ante la competencia desleal! ¿No tendríamos que hacérnoslo mirar?

La asfixia de los que van a manual: ¡fiscalidad y burocracia inasumibles!

Porque la dualidad "negro" - "blanco" es "terrible". En España es imposible sobrevivir a manual; ninguna empresa puede soportarlo. El pequeño restaurante que si cubre el APPC no cocina; el pequeño tendero que si tiene todos los papeles bien, no vende; el pequeño comercial que si lleva bien la "protección de datos" no vende... ¡Explotaciones económicas inviables "por el manual" en todas las esquinas! ¿Sólo sobreviven los cacos? Más de una vez escucho eso; la presión hacia la "economía informal" es muy potente. ¿Es esto una sociedad moderna?

Y si una PYME gana dinero en su cuenta de resultados oficial, tiene que pagar impuestos; pero si va a mirar su "cash flow" resulta que "no tiene ese dinero" y entonces "nadie entiende nada". ¡Ah..., que la contabilidad genera un resultado económico-contable que es una "imagen fiel", pero no real! ¡Acabáramos! En el fondo, que yo no gano dinero, que tengo problemas para hacer frente a las letras del banco, que los proveedores me asaltan con mal humor, (efecto pobreza en la empresa familia) pero me sale un "pastizal" a ingresar... ¡pues nada, pidamos otro crédito y ya está! (¡Ah, no, perdon, esto era antes, ahora ya no vale!)

El mito de la progresividad.

La progresividad fiscal es un mito. Los ricos sólo pagan "mucho más" porque son "muchos menos". De hecho, ya hemos visto que los ricos de verdad, los de toda la vida, los "rentistas" con patrimonios potentísimos, apenas pagan impuestos.

Es muy delicado atreverse a escribir esto; pero quizás habría que reflexionar un poquito. Hace años bromeaba con

Impuestos injustos y anacrónicos, consolidados e incrementados por la "baja resistencia social".

Mientras tanto, la "anorexia" post-burbuja de las arcas públicas necesita un tratamiento de choque: ¡como sea! Y cuando entramos en este lenguaje, se toca todo lo que se tenga a mano. Las Comunidades Autónomas dan una vuelta de tuerca al ITP; no importa que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales no resista el más mínimo "test de justicia tributaria" (aun cuando la "complaciente doctrina científica del Dº Tributario" en España no diga "esta boca es mía").

Y el IAJD instalado en los límites del "chantaje legal" desde hace años (me refiero a los porcentajes incrementados para escrituras con renuncia a la exención en IVA). Si actúan así los "legisladores", ¿qué podemos esperar de los sufridos ciudadanos?

Y como los Ayuntamientos no tienen ni para pagar las nóminas, ¡catastrazo que te crió! No importa que los valores básicos de repercusión se hayan fijado en plena burbuja: hay que subir el IBI como sea, es cuestión de supervivencia financiera. Sea justo o injusto, sea moderno o decimonónico: ¡nadie puede dejar de pagar el IBI! ¡Las casas no se pueden llevar a Suiza!

Conclusiones.

Y, ¿dónde están los estudiosos del Derecho Tributario? ¿dónde se han escondido las cabezas pensantes de la Universidad española? Es cierto que no quedan muchos grandes maestros, la "Ciencia del Derecho Tributario" parece cosa de otra época; sólo algunos han salido a la palestra, con la mezcla de valentía y auctoritas imprescindibles para reclamar "un nuevo horizonte". ¡Tendremos que hacer también un homenaje a la ANECA, fábrica de certificaciones de mediocridad!

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