El debate sobre una cláusula general anti-elusión (GAAR) en el Reino Unido. Punto de partida: mantenimiento de la seguridad jurídica y del atractivo del sistema fiscal para los negocios.

 

El debate sobre una cláusula general anti-elusión (GAAR) en el Reino Unido. Punto de partida: mantenimiento de la seguridad jurídica y del atractivo del sistema fiscal para los negocios.

España aparenta ser un país muy avanzado en algunas cosas: nuestro ordenamiento tributario dispone de una cláusula general antielusión tributaria desde la prehistoria. Durante mucho tiempo el "excelso" expediente de "fraude a la ley tributaria" regulado en el antiguo artículo 24 LGT/1963; ahora el "brillante" expediente del "conflicto en la aplicación de la norma tributaria" del artículo 15 LGT/2003. No se ofendan, por favor, pero dos fiascos monumentales. Ya tendremos ocasión de explicar por qué.

Vaya por delante que en todo ordenamiento tributario se plantea y se planteará siempre una cuestión de frontera: ¿dónde está el limite de una planificación fiscal justa y dónde comienza el ilícito, el fraude o la infracción? Hace años que explico estas cuestiones en torno a la "imagen" de una escala de grises en la cual la transición de fases, los saltos, nunca nadie ha sabido fijarlos hasta hoy: desde el "pagar el máximo de impuestos posibles" hasta las "opciones fiscales lícitas", llegando al "fraude de ley o equivalentes", para pasar a la simulación y a la defraudación pura y dura tipificada como infracción o delito en la ley.

Los límites de la planificación fiscal lícita debieran ser, en algún momento, tratados en el debate público jurídico o jurídico-político, con la seriedad que el tema requiere y considerando todos los intereses en juego. Sólo la "óptica fiscal" es insuficiente, creo yo.

Por todo esto me ha llamado la atención el debate abierto en el Reino Unido en torno al establecimiento de una cláusula general anti-elusión fiscal (General Anti Avoidance Rule - GAAR). Vaya por delante que el país anglosajón ha sobrevivido sin ella... ¡hasta ahora!

Y, por lo tanto, para afrontar un cambio sustancial en su ordenamiento tributario se antojaba razonable "pensárselo bien". El Gobierno Británico encomendó a Grahan Aaronson QC la tarea de evaluar esa posibilidad de introducir una cláusula general anti-elusión (GAAR) y cómo hacerlo.

En el documento Terms of Reference fechado el 6 de diciembre de 2010 se da noticia pública de los objetivos que debiera conseguir esa posible GAAR (cláusula general anti-elusión fiscal).

El primero es el más evidente: dotar al Gobierno de un medio efectivo de lucha contra el fraude fiscal, por la vía de la disuasión (siempre la más efectiva) o para combatirlo.

Pero los objetivos relevantes, para mí, son los otros tres que se mencionan en el documento y que deben ser, a nuestro juicio, objeto de una atención prioritaria y destacados con vehemencia.

Así, el segundo objetivo explicitado se refiere a la operativa de la regla y sus implicaciones sobre el mundo empresarial: debe asegurarse que la norma antielusión opera correctamente, razonablemente, equitativamente (fairly) y no menoscabará el atractivo del régimen fiscal británico para los negocios (de especial preocupación cuando Irlanda está tan cerca y es tan atractiva).

En tercer lugar, una preocupación que debe ser exclusiva de los anglosajones (¡quién lo diría!), la seguridad jurídica: debe asegurarse que la certidumbre sobre el tratamiento fiscal de las transacciones puede garantizarse sin costes indebidos para empresas e individuos.

Por fin, también se pretende que la medida pueda ser aplicada sin una asignación excesiva de recursos administrativos, que deberían ser detraídos de otros servicios o prioridades.

Varios meses después, en noviembre de 2011 se publicaron las conclusiones y el informe base de la Comisión liderada por el Sr. Graham Aaronson QC. Son muchos los detalles significativos. Pero quiero detenerme en las declaraciones para medios publicadas por el propio Departamento del Tesoro Británico.

David Gauke (Exchequer Secretary to the Treasury) insistió en acompañar siempre el objetivo de la disuasión y lucha contra el fraude, con los otros aquí resaltados: proporcionar certidumbre o seguridad jurídica, mantener el atractivo para las empresas del régimen fiscal británico y minimizar los costes para empresas y Administración.

De las declaraciones del Sr. Graham Aaronson QC, publicadas al hilo de la presentación del informe, destaco la primera: Una planificación fiscal responsable es un rasgo básico, una característica esencial, de un ordenamiento tributario complejo como el británico. La expresión "responsible tax planinning" se reitera en el breve párrafo publicado para los medios.

Estoy seguro de que volveremos sobre esta ocasión con cierta recurrencia en el blog. Pero he querido llevar esta primera aproximación por lo que más me ha sorprendido: la preocupación por la competitividad del sistema fiscal británico para las empresas; y la defensa de la seguridad jurídica y la preocupación por la necesaria certidumbre o la previsibilidad de las consecuencias fiscales de cualesquiera transacciones.

Y una cosa más: la composición de la comisión y el debate abierto. Curiosamente, la propuesta no fue cocinada dentro de las estancias administrativas, cuyo "foco único" es, casi siempre, el "fin fiscal", o sea, recaudar más y mejor de la forma menos costosa posible.

 

Créanme si les confieso que me ha parecido leer ciencia ficción. La cultura jurídico-tributaria española se sitúa en las antípodas de todo lo que aquí se ha descrito (por mucho que lo haya sido solo en grandes líneas y formulaciones de principios). Pero solo esto, la orientación básica, de protección de la certidumbre y la seguridad jurídica, y de protección de la competitividad del sistema fiscal -para no espantar a las empresas-, es algo que por estos pagos suena a chino.

Y el hundimiento de la seguridad jurídica o la asfixia fiscal de las empresas (ya no digamos la burocrática) no es cosa de esta crisis. Ni mucho menos. Y no es solo cosa del legislador, sino que se halla metastatizado por todos los órganos y todos los operadores: administradores e inspectores de hacienda (el objetivo es recaudar como sea), responsables de administraciones tributarias (aplicando leyes de grandes números, que ¡total solo recurre una parte pequeña!), y, lo peor unos tribunales que, salvo en heroicas resoluciones, se exhiben como desnortados en muchos de los temas clave para la "sanidad y fiabilidad de un ordenamiento tributario justo y moderno".

En el fondo, ¿alguien lucha contra el dinero negro, o sólo nos dedicamos a marear la perdiz cambiando las calificaciones que los operadores hacen de sus transacciones...? ¡Pues así nos va! ¿Ya vienen los hombres de negro?

Categories: 
Top