El papel del TS en España como freno a la barbarie: ¡no todo vale en las sanciones tributarias, por mucho dinero que se necesite!

 

El papel del TS en España como freno a la barbarie: ¡no todo vale en las sanciones tributarias, por mucho dinero que se necesite!

Tengo que reconocer que tengo un problema: ¡cada vez que comienzo a redactar algo relacionado con sanciones tributarias, los vocablos "totalitarismo", "terror" o "autoritarismo", se repiten con frecuencia inadmisible en mi texto! Me reconozco, sé que tengo que hacérmelo mirar, intento autocensurarme, pero...

Las sanciones objetivas y "automáticas" por el resultado no son algo "de marcianos" en España: sólo hay que releer la Ley 10/1985, de 26 abril, y la STC 76/1990, de 26 abril.

El F.J. 4º de esta STC 76/1990 rechazaba que el art. 77.1 LGT/1963 (en redacción dada por la Ley 10/1985) instaurase un régimen de responsabilidad de carácter objetivo en materia de infracciones y sanciones tributarias. El TC rechazó que la Ley 10/1985 hubiese suprimido el elemento subjetivo de la subjetividad en la configuración del ilícito tributario: tal resultado sería inadmisible en nuestro ordenamiento. Claro que ya entonces quedaba claro que el alcance del elemento subjetivo era mínimo, incluyendo la culpa o negligencia leve, o la simple negligencia.

Otra cosa es que, pasando de lo genérico y abstracto a lo concreto y tangible, veamos como en la realidad práctica el régimen de infracciones y sanciones tributarias ha tendido a lo objetivo ineluctablemente. Expediente tras expediente, acta tras acta, inspección tras inspección: ¡no hay uno solo en los que no coincidan "cantidades a liquidar" y "sanción paralela"! Y la corrección jurisdiccional de esa tendencia ha sido limitadísima..., ¡con una sola y honrosa, e incluso venerable, excepción! El Tribunal Supremo (sí ¡ése al que pronto no se podrá acudir, por razón de la cuantía!).

En un punto central, en el frontispicio, de este blog debe figurar mi personal homenaje al exquisito papel moderador y garantista del Tribunal Supremo en la aplicación del régimen sancionador tributario.

La jurisprudencia sobre el régimen de infracciones y sanciones tributarias dará, seguro, para muchos comentarios y análisis. Unos con "loa", otros con crítica.

He destacado en más de una ocasión la posición singular del Tribunal Supremo: ¡montones de sentencias estimatorias de recursos de casación! Esto es, los operadores económicos, los ciudadanos y las empresas, han tenido que llegar al Tribunal Supremo para que se anulasen las sanciones impuestas. De otro modo: sanciones sin motivación y sin culpabilidad acreditada impuestas por la Administración Tributaria, confirmadas por los órganos económico-administrativos, avaladas por la Audiencia Nacional o por los Tribunales Superiores de Justicia..., y solo en última instancia corregidas por el Tribunal Supremo.

En este comentario voy a recuperar sólo un par de resoluciones, de entre las más recientes, que han sido ya presentadas en 2aOpiniónJurídica.

En la STS de 23 abril 2012 (Caso CEPSA vs. AEAT Sanciones IS 96-99) el Tribunal debe recordar que "no se puede sancionar por la mera referencia al resultado, sin motivar específicamente de dónde se colige la existencia de culpabilidad". Para a continuación dar relevancia al "carácter vidrioso" de conceptos como la depreciación de la cartera de valores o los gastos de investigación y desarrollo. E incluso significar que, en otras ocasiones, la AEAT había decidido "no sancionar" valorando la falta de culpabilidad de la entidad.

Claro, hay afirmaciones hirientes; como aquella que recuerda que pretendida (digo yo) claridad de la norma tributaria aplicable no permite imponer automáticamente una sanción tributaria: es posible que el contribuyente haya obrado diligentemente.

En la STS de 12 marzo 2003 (Caso JUNISA vs. AEAT IS 92) el TS afea "drásticamente" la conducta a todos los órganos públicos intervinientes en el proceso, y formula una confesión en "tono personal" atronadora: "en las circunstancias concurrentes nos resulta muy duro mantener que se ha cometido una infracción tributaria grave merecedora de sanción en el ámbito del Derecho sancionador".

Las exigencias de motivación vuelven otra vez a colación, para rechazar las "motivaciones genéricas" por referencia a listados de sentencias del TC o del TS, pero sin conexión directa con la conducta de sujeto, con las circunstancias del caso concreto.

Es muy importante no sólo destacar la exigencia de una motivación específica, sino el objeto de esa motivación: el carácter irrazonable o negligente de la conducta del sujeto (y nótese que la conjunción de las nociones de "irrazonable y negligente" no puede considerarse casual).

Más aún, una interpretación errónea pero no irrazonable de la norma tributaria no puede dar lugar a una sanción tributaria...

En el fondo, ¿pone el Tribunal Supremo en esta sentencia coto a las "inspecciones desde los despachos", en las que no se investiga nada, porque todo está en las declaraciones presentadas, y sólo a través de cambios de calificaciones jurídicas se levantan actas multi-millonarias con todas las bendiciones de todos los poderes públicos implicados y, además, con sanciones? ¡Ojalá fuese así, aunque...!

Es evidente que destacando el perfil "garantista" del Tribunal Supremo en materia tributaria (y el carácter mayoritariamente estimatorio de sus sentencias), los calificativos que debo tender a "autocensurar" (totalitarismo tributario, terror fiscal, autoritarismo administrativo) vuelven al "ambiente": ¡todos los poderes públicos implicados, desde la AEAT hasta muchos Tribunales de Justicia y la Audiencia Nacional ignoran sistemáticamente la trascendencia del principio de culpabilidad y de la presunción de inocencia, y la doctrina al respecto del máximo tribunal, ya reiterada hasta la saciedad! ¿Cómo llamarían Vdes. a eso, quizás un "sistema de garantías que funciona correctamente"? No sé..., si es ese el sentido que tenemos de las "garantías" y de la "corrección"..., ¡que vengan los hombres de negro!

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