Observatorio Tributario Global. En México sí entienden la "cooperación" en la comisión de infracciones tributarias.

 

Observatorio Tributario Global. En México sí entienden la "cooperación" en la comisión de infracciones tributarias.

Cuando éramos el "centro del universo" y un "ejemplo exportable" parecía que nuestros legisladores tributarios rayaban en la infalibilidad. La doctrina científica nunca se ha alejado demasiado en España (salvo honrosas y brillantísimas excepciones) de la exégesis más seguidista y auto-complaciente. Mejor ni leer resoluciones del Consejo para la Defensa del Contribuyente, donde sería esperable una cierta... ¿defensa del contribuyente?

Esta nueva época, donde el Social Media y el Blog abren nuevos canales hacia nuevos públicos más inquietos por el mundo de las ideas y menos atados por la tiranía del escalafón, me anima a seguir reflejando con un cierto tono ácido (del que no consigo separarme, antes al contrario, empeoramos año a año, con pronóstico reservado).

Llevo Siglos (casi) criticando por activa y por pasiva la regulación de la responsabilidad tributaria en la Ley General Tributaria (bien es cierto que, en esto, no soy el único). Vale que en 1963 pudo tener un pase, dado que estábamos en 1963. Pero la "histórica reforma" de 2003, con ilustres comisiones -con mucho escalafón y también algo de talento-, optó por la más conservadora y seguidista de las posibilidades en muchos aspecto.

El hecho real, hoy, en España es que quien colabora en la comisión de una infracción tributaria, incluso a nivel de cooperador necesario o de inductor, ¡se va de rositas siempre, salvo que el obligado tributario sea insolvente! El régimen jurídico de la responsabilidad tributaria por colaboración en la comisión de infracciones tributarias que establece el art. 42.1 a) LGT/2003 se limita a considerar "responsables solidarios" (puede exigírseles el pago en cuanto el obligado principal lo omita en período voluntario - y con acción de regreso) a las personas o entidades que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria (y la responsabilidad se extiende también a las sanciones).

En el régimen sancionador tributario español limita la condición de infractores (art. 181.1) a las personas que son, de uno u otro modo, obligados tributario (contribuyentes, retenedores, etc.)

Pero observando, curioseando más que investigando, claro, podemos encontrar lecciones curiosas en la legislación tributaria, más allá de nuestras narices. Veámoslo en México, en el Código Fiscal de la Federación, en su redacción vigente en la actualidad.

El art. 89 del Código Fiscal de la Federación tipifica como infracciones tributarias cuya responsabilidad recae sobre terceros tres conductas relacionadas. En primer lugar, la de asesorar, aconsejar o prestar servicios para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución en contravención de las disposiciones fiscales.

En segundo lugar, se tipifica también como infracción el colaborar en la alteración o la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad o en los documentos que se expidan.

Y, en tercer lugar, se considera infractor a cualquier cómplice en la comisión de infracciones fiscales (con una descripción típica un tanto abierta, en exceso).

Así, el Código Fiscal de la Federación (de los Estados Unidos Mexicanos) pone el foco directamente sobre los asesores fiscales, los asesores contables y cualesquiera otros cómplices en las infracciones tributarias (omisión de ingreso).

El precepto legal mexicano contiene un "disclaimer" significativo para los asesores fiscales, quienes no incurrirán en la infracción tipificada "cuando se manifieste en la opinión que se otorgue por escrito que el criterio contenido en ella es diverso a los criterios dados a conocer por las autoridades fiscales" o bien que manifieste también por escrito, pero más en genérico, que "la asesoría puede ser contraria a la interpretación de las autoridades fiscales".

No voy a entrar a hacer un análisis crítico de las implicaciones de este precepto (espontáneamente "chirría" la consideración de las autoridades fiscales como "fuente del derecho tributario"): tiene notorias lagunas, flancos abiertos para una dura crítica. Tanto en la reducida penalidad (alrededor de 2.500 euros más un 10 por 100 de la cuota, mínimo, y máximo de 3.800 euros, más un 20 por ciento -con el límite del doble de los honorarios cobrados-), como en la extraordinaria amplitud en la descripción de las conductas sancionable, al límite de las exigencias mínimas del principio de tipicidad.

Me quedo con lo esencial: ¡existe la norma!

En un régimen sancionador tributario ideal, en el que se sancionen realmente conductas de defraudación tributaria, con dolo, con ánimo de defraudar o culpa grave (como orienta el Tribunal Supremo español, casi en contra de la ley); en un ordenamiento de sancionador así, el cooperador necesario -con dolo- en infracciones tributarias también dolosas debe ser sancionado. Claro, para ello, la seguridad jurídica debiera haber avanzado unos cuantos siglos, y debiera existir un marco razonable sobre la planificación fiscal lícita. No existiendo nada de eso, quizás sea un "exceso" pretender criminalizar en el régimen sancionador tributario a los asesores fiscales por el hecho de que discrepen de las interpretaciones oficiales, o identifiquen economías de opción que no gusten a las autoridades. Pero, depurando las diferencias en los criterios de interpretación -no sancionables- de las conductas dolosas de defraudación, la solución normativa debe ir en el sentido que muestra la norma mexicana.

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