Sobre los límites de la planificación fiscal lícita y justa: ¡cuidadiño, que esto es serio y lo de "todos defraudadores" no tiene pase!

 

Sobre los límites de la planificación fiscal lícita y justa: ¡cuidadiño, que esto es serio y lo de "todos defraudadores" no tiene pase!

Hace tiempo que me he prometido a mí mismo una reflexión seria sobre los límites de la planificación fiscal justa y lícita, en clave jurídico-tributaria (me preocupan las interpretaciones "no suficientemente matizadas") y con enfoque transversal (porque, aunque a muchos operadores les parezca, los impuestos no son lo único existente bajo el sol). No es éste, el del blog, ni el formato ni el tono; pero sí la ocasión, refrescada con una conversación con unos amigos este fin de semana. Veamos uno de los enfoques posibles, el primero (el segundo es apasionante, y lo dejamos para mejor ocasión).

Comencemos por un ejemplo y una anécdota histórica. El debate sobre la tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en España es un clásico de la incoherencia: todos apelan a la "redistribución de la renta" de los otros; todos escapan despavoridos y se quejan amargamente cuando se trata de "la redistribución de la renta propia", de los propios padres.

La complejidad del ordenamiento tributario ya solo dentro de España, su pluralidad y asincronías y desfases "bestiales", ofrecían y ofrecen posibilidades de configuración de las propias decisiones personales, familiares y patrimoniales, de modo que se minimice el importe del "leñazo fiscal" en una sucesión.

Así, mientras en territorio de régimen común se han pagado y se pagan auténticas salvajadas en impuestos (con tipos marginales que superan el 70 por 100 en casos límite -¡para que se quejen de confiscatoriedad los franceses-), en otros territorios, de régimen foral, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ha sido tradicionalmente, bien nada (Álava) bien un modesto 0,8 por 100 (documental fijo en Navarra). Esto último para sucesiones directas de padres a hijos.

¿Puedo irme a vivir a Vitoria o a Pamplona? Creo recordar que la idea de "libertad personal" y la libertad de movimientos no hace falta ni justificarlos en ningún precepto constitucional. ¡Ojo, porque sin embargo "hay peña por ahí" que se cree que sí! ¡Que si con mi cambio de domicilio pago menos impuestos...! ¿Debo ir a la cárcel? ¿Fraude? ¿Estafador social?

Por distintos motivos, ninguno de ellos de presión fiscal, he mantenido un estrecho contacto con Vitoria y con Pamplona en los últimos años; y recomiendo ambas ciudades como modelo de sostenibilidad, como lugares ideales para vivir (como otros muchos, claro).

Vamos a lo serio. Si un padre quiere donar 10 millones de euros a su hijo puede hacer dos cosas: quedarse en casita y dejarse en el camino 3 millones más o menos, en cualquier Comunidad Autónoma (salvo las excepciones por "contagio foral" y alguna más); pero también puede trasladarse a Pamplona, instalarse allí, o en Tafalla, o en Estella, o en Villava, o donde más le guste. Y pasado un tiempo prudencial, a poder ser incrementando bastante el mínimo legal de residencia de 183 días, y a poder ser "asentándose personalmente" en la nueva localidad, proceder a formalizar la donación con un coste fiscal tendente a cero (80.000 euros frente a 3 millones...). Incluso puede donar un millón de euros a Cáritas o a una ONG y seguir multi-feliz, por el ahorro y por el compromiso social. (Arancha Sánchez Vicario se instaló en Andorra "de mentira" y así le fue, claro)

Esto, lógicamente, no es una patraña de "los mercados"; ni un latrocinio de "especuladores". Es la ley, el marco normativo en una realidad jurídica compleja y plural que los españoles hemos querido darnos a nosotros mismos en 1978, y, desde entonces, cada vez más: la pluralidad y las asincronías entre territorios, incluso entre Ayuntamientos, son muy llamativas.

El "tic" natural de todos los "no navarros" (mejor dicho, no residentes en Navarra a efectos del ISyD -el punto de conexión en las donaciones es la residencia del donatario-) tiende a ser "bramar contra ese privilegio". Y, más allá del natural desahogo, eso es una majadería: ¡contra quien hay que bramar es contra quienes creen que el patrimonio acumulado del trabajo de toda una vida debe "enriquecer" a papi-Estado cuando te mueres! Pero el debate del ISyD para transmisiones padres-hijos es otro, y para otro momento lo dejamos (en mi bibliografía es un "tema estrella", por otra parte, en mi "hiper-minoritaria" posición).

El caso navarro es especialmente significativo, porque el origen de tratamiento beneficioso para las transmisiones hereditarias (y lucrativas en general) entre los miembros de una familia tiene una raíz "iusprivatista" y no tributaria. Esto es, nunca se ha tratado de beneficiar fiscalmente a los herederos, sino de no dinamitar con impuestos algunas de las instituciones más sanas y ejemplares del derecho civil foral de Navarra (la libertad de testar, frente al anacronismo patético del régimen de legítimas del derecho común, ¡en el siglo XXI! -pero claro, aquí hay otro universo abierto, para otro momento-).

Y, en el caso navarro hay un matiz adicional, por la ausencia de una cláusula anti-mudanza en las distintas leyes de convenio económico. Esto es, los legisladores son conscientes de que las diferencias en la normativa tributaria pueden fomentar significativamente movimientos de población: ¡claro, nadie es idiota, salvo prueba en contrario!

Pero el "aparato" no puede admitir tales cambios y, por lo tanto, establece barreras cuando quiere y puede: si te cambias de domicilio con un ahorro fiscal notable, no se te aplica la normativa de la nueva Comunidad Autónoma sino la original.

Eso ocurre con carácter general salvo, insisto, en el Convenio Económico de Navarra en sus distintas versiones.

Llegados a este escenario viene lo serio: ¿puedo o no puedo irme a vivir a Pamplona y, una vez instalado, recibir allí "casi-libre" de impuestos la donación de mi padre o mi abuelo?

Aquí llega lo que más me "acongoja": ¡nadie en su sano juicio y mínimamente formado puede poner ninguna objeción a que dentro de la ley cualquier persona o entidad optimice su carga fiscal, configurando todos los elementos de su vida personal y patrimonial!

Pero en una, dos, tres, cinco, mil ocasiones me he cruzado con personas preparadísimas, algunas de ellas con responsabilidades muy serias (magistrados, fiscales, inspectores, abogados) haciéndose de cruces con lo que hasta ahora he descrito y gritando exaltados: ¡fraude, fraude de ley, los fiscalistas sois todos unos bandidos, todos a la cárcel!

Y esta reacción, que me valdría para una manifestación del 15M o cualquier otro movimiento indignado, no es admisible en otros contextos. ¡Ojo, y lo peligroso de todo esto no es la "gente que no sabe y lo confiesa", y está cabreada o incluso desesperada, sino la "gente que se cree que sabe" y, además, vive acomodada en sus super-despachos!

El Derecho Tributario es una rama jurídica muy delicada, habitualmente tratada desde ópticas profundamente empobrecedoras. Quienes están a pie de obra del asesoramiento fiscal tienen tal cantidad de detalles que manejar, tal monstruosidad de marrones que solventar, que rara vez puede "trascender a la técnico" para complementarlo con una visión de conjunto.

Y en la Universidad, pues digamos que hay un poco de todo. Lo mejor que se ha escrito sobre fraude de ley en materia tributaria lo firmó el prof. Falcón y Tella allá por el año 1996 en dos Editoriales memorables de Quincena Fiscal (antes de la actual LGT de 2003, cuyo tratamiento del "conflicto en la aplicación de la norma" raya lo ridículo, no tanto por su redacción como por su inaplicación).

Para los que se creen que saben mucho de esto, y podrían estar dispuestos -hay muchas sentencias por ahí para documentar esto- a meter a alguien en la cárcel, hay que recordar un par de conceptos que hace años escribió el prof. Simón Acosta (hace poco me reconocía el declive de la literatura jurídico-tributaria actual, con contadísimas pero plausibles excepciones).

Señores, ¡no existe un deber genérico de pagar impuestos! La obligación tributaria surge de la realización del hecho imponible; de tal forma que no hay ningún impuesto que pagar si no se realiza el hecho imponible. Esto es, un ciudadano no tiene que pagar impuestos "grosso modo" por el hecho de recibir una donación; un ciudadano que vive en Santiago de Compostela sí; uno que vive en Pamplona, no. ¡Si puedo, me voy a vivir a Pamplona!

Pero, cuidado, ahora viene lo serio, como bien marcó el prof. Simón Acosta, el ordenamiento tributario es un ordenamiento de injerencia, en el cual las exigencias del principio de reserva de ley (sí, hace falta una ley para "atracar" el patrimonio de las personas) son máximas, en nivel casi equiparable al derecho penal (el otro gran ordenamiento de injerencia). Porque, en abreviada síntesis claro, en ambos el poder público limita drásticamente tus derechos, tu libertad (por la comisión de un delito) o tu patrimonio (por el deber de contribuir).

Y, en estos términos, ¡cuidadito con analogías, cuidadito con tablas rasas, cuidadito con simplificaciones, cuidadito con anteponer el sentimiento a la ley, cuidadito con tomar decisiones por el olfato! Mucho peor, ¡cuidadito con caricaturizar y quedarse con la monserga de "sois todos unos defraudadores"!

Que nadie se equivoque, defrauda quien incumple la ley. Debe ir a la cárcel quien comete un delito fiscal, ¡por supuesto! Y las millonadas de dinero negro, que suponen directamente una ocultación, son el ámbito en que debe centrarse la actuación investigadora de los poderes públicos y la "saña" de los ciudadanos.

Dentro de la ley, seguiremos observando ahora y siempre, una continua carrera entre unos Estados cada vez más elefantiásicos persiguiendo "como sea" los patrimonios de los ciudadanos, con regulaciones cada vez más complejas y más ciegas. Y seguiremos viendo como los ciudadanos informados y en especial aquellos para quienes la contribución es "insoportable" buscan vías legales para minimizar la injerencia del Estado en el patrimonio personal.

Y también seguiremos viendo, claro -esto es crucial-, como a los Estados y sus representantes, les importa un pito que una ley sea flagrantemente injusta en un caso concreto, porque la literalidad de la ley no admite vacilaciones. ¡Guapo esto, eh! La literalidad de la ley no admite vacilaciones si "recaudo más" y, sin embargo, es un "fraude de ley" si "recaudo menos". ¡Curiosa la forma de entender el servicio a los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al derecho!

Y cuando todo este juego "revienta" porque la asfixia ha generado tanta basura ilegal -dinero negro-, ¡una cíclica amnistía fiscal hace de aliviadero del embalse en el que antes se han ahogado muchos ciudadanos honrados!

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